El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, presentó una recusación contra el juez Humberto Otazú en el marco de la causa conocida como “Tajy”, lo que motivó la suspensión de la audiencia preliminar programada para este miércoles 4 de marzo de 2026. Así lo confirmó el Ministerio Público esta mañana, marcando un nuevo obstáculo en un proceso judicial que arrastra suspensiones desde el año pasado.

Prieto, líder del movimiento Yo Creo y uno de los diez acusados en esta investigación, enfrenta cargos por lesión de confianza y asociación criminal. La acusación se centra en una supuesta compra ficticia de insumos por valor de G. 306 millones durante la pandemia de COVID-19 en 2020. Según la Fiscalía, estos fondos se destinaron a la adquisición de materiales para la elaboración de panificados que debían distribuirse a familias de escasos recursos, pero no existen constancias fehacientes de la entrega efectiva de los alimentos.

Los fiscales a cargo del caso —Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Chávez— sostienen que la operación involucró un esquema de licitación presuntamente direccionada. Entre los procesados figuran el entonces director de Finanzas de la Municipalidad, Francisco Arrúa Álvarez, otros exfuncionarios comunales y representantes de las empresas Tajy Servicios Generales y Vaneni SA, señaladas como partícipes en la maniobra.

La defensa de Prieto ha mantenido consistentemente que no se produjo ningún perjuicio económico a la Municipalidad de Ciudad del Este. El exintendente asegura que existen documentos que prueban la entrega real de los insumos comprados en el contexto de la emergencia sanitaria.

Esta no es la primera vez que la audiencia preliminar se ve frustrada. El proceso ha acumulado múltiples suspensiones, muchas de ellas vinculadas a recusaciones contra el juez Otazú, presentadas por distintas defensas involucradas. Estas estrategias dilatorias han impedido avanzar hacia la etapa de juicio oral en un caso que data de la gestión de Prieto al frente de la comuna durante la pandemia.

La recusación impulsada directamente por el exintendente obliga ahora a que el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, especializado en delitos económicos, evalúe el planteo y determine si el magistrado continúa o no al frente de la causa. Mientras tanto, la audiencia queda nuevamente postergada, prolongando la incertidumbre en torno a uno de los expedientes más mediáticos que involucran al líder político de Ciudad del Este.