La Cámara de Senadores de Paraguay ha ratificado su postura firme a favor de elevar significativamente las penas privativas de libertad para adolescentes que cometan delitos graves, en un debate marcado por posiciones divididas y una creciente preocupación social por la participación de menores en hechos criminales.

El pasado 11 de marzo de 2026, durante una sesión ordinaria, el Senado decidió mantener su versión original del proyecto de ley que modifica el artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 1680/2001). Con esta decisión, la iniciativa regresa a la Cámara de Diputados para un nuevo análisis, ya que los diputados habían introducido modificaciones que reducían el límite propuesto.

El cambio propuesto: de 8 a 15 años de pena máxima

La legislación vigente establece que la medida privativa de libertad para adolescentes tiene una duración mínima de seis meses y máxima de cuatro años en general. Sin embargo, en casos calificados como crímenes según el Derecho Penal común, el máximo actual es de ocho años.

El proyecto impulsado y defendido por el Senado eleva este tope a 15 años, aplicable en situaciones excepcionales donde —según las circunstancias del hecho y las condiciones personales del adolescente— ninguna otra medida resulte suficiente para cumplir con los objetivos de educación, protección y reinserción social.

El contexto del debate: preocupación por el aumento de delitos juveniles

El senador Javier Zacarías Irún, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y uno de los principales impulsores, argumentó que Paraguay enfrenta un incremento notable de casos en los que adolescentes participan en delitos graves. Citó ejemplos concretos que generaron conmoción social, como los asesinatos de María Fernanda y del teniente coronel Guillermo Moral, cometidos por menores.

“Esta situación nos lleva a casos de conmoción social”, expresó Zacarías Irún, subrayando que las sanciones actuales de hasta ocho años resultan insuficientes para responder a la gravedad de ciertos crímenes y para disuadir la utilización de adolescentes por parte del crimen organizado.

Posturas divididas en el hemiciclo

El debate dejó en evidencia una clara división entre los legisladores:

• A favor del aumento a 15 años: La mayoría del Senado respaldó esta línea, argumentando que es necesario un “freno” más contundente ante la escalada de violencia. Algunos, como el senador Luis Pettengill, propusieron aplicar la pena máxima específicamente en casos de sicariato, para evitar generalizaciones excesivas.
• En contra o a favor de un término intermedio: La senadora Lizarella Valiente, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, defendió el enfoque de reinserción social y apoyó la versión de Diputados (máximo de 10 años). En similar sentido se pronunció el senador liberal Líder Amarilla, quien advirtió: “Vamos a darle 15 años a un adolescente que cometió un delito, pero les puedo asegurar que no van a mejorar las estadísticas”. Amarilla insistió en que un plazo de 10 años ofrecería mejores chances de rehabilitación.

Otros legisladores, como Walter Kobylanski y Rubén Velázquez, coincidieron en que elevar las penas por sí solo no resolverá el problema de fondo. “No solo elevando las penas vamos a resolver, si no nos ocupamos del origen del problema”, señaló Velázquez, abogando por combinar sanciones con políticas educativas, preventivas y de contención familiar y comunitaria.

¿Qué sigue ahora?

Con la ratificación del Senado (aprobada con una amplia mayoría, según reportes de 25 votos a favor), el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados. Allí, los legisladores deberán decidir si aceptan la versión del Senado (15 años), insisten en su modificación (10 años) o buscan un nuevo consenso intermedio.

Este tema genera amplio debate en la sociedad paraguaya, entre quienes ven en el endurecimiento penal una respuesta necesaria ante la inseguridad y quienes priorizan el carácter educativo y resocializador del sistema de justicia juvenil, alineado con estándares internacionales de derechos del niño y del adolescente.

El desenlace final dependerá de la conciliación entre ambas cámaras, en un contexto donde la criminalidad juvenil se ha convertido en uno de los temas más sensibles de la agenda pública.