La suspendida jueza de Paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils, se defendió de las acusaciones en su contra en el marco de la investigación conocida como la “mafia de los pagarés”, y apuntó directamente a ujieres y oficiales de justicia como responsables de las presuntas irregularidades en los procesos judiciales.

Durante la audiencia preliminar realizada este jueves ante el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, la magistrada prestó declaración indagatoria, en la que negó haber tenido conocimiento de maniobras irregulares en los juicios ejecutivos tramitados en su juzgado.

Cibils sostuvo que, por la naturaleza de su función, sus actuaciones cuentan con carácter de fe pública, y que no tenía forma de saber si los pagarés presentados por abogados eran utilizados simultáneamente en otros juzgados del país. En ese sentido, recordó que asumió el cargo en 2019 y que incluso solicitó una auditoría en 2021, la cual —según afirmó— no detectó irregularidades.

Como parte de su defensa, la jueza indicó que impulsó iniciativas para mejorar los controles, como la propuesta de sellar los pagarés una vez presentados en tribunales, con el fin de evitar su reutilización en otros procesos. Según relató, esta idea fue planteada incluso a autoridades de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, explicó que comenzó a exigir a los abogados una correcta identificación de los domicilios de los demandados, debido a dificultades recurrentes para ubicarlos. Señaló que esta medida buscaba facilitar el trabajo de los ujieres encargados de las notificaciones.

En relación con los descuentos a deudores, la magistrada diferenció entre los descuentos directos —realizados por empresas sin intervención judicial— y los embargos ordenados por jueces, que, según aclaró, no pueden superar el 25% del salario por cada demanda. En varios casos, afirmó, los afectados sufrían descuentos adicionales fuera del ámbito judicial.

Sin embargo, el punto central de su declaración fue la responsabilidad en la falta de notificaciones. Cibils aseguró que ni ella ni otros funcionarios del juzgado podían saber que los ujieres y oficiales de justicia no cumplían con su labor.

“Ni el juez ni los abogados ni los actuarios podíamos saber que no notificaban”, afirmó, al tiempo de cuestionar que estos funcionarios hayan reconocido las omisiones y accedido a salidas alternativas, mientras que ella enfrenta el proceso penal.

La jueza también rechazó la acusación del Ministerio Público respecto a la supuesta obligación de resguardar los pagarés en la secretaría del juzgado, afirmando que no existe tal exigencia en la normativa vigente.

Finalmente, negó cualquier vínculo con empresas involucradas en los casos investigados y sostuvo que no existe evidencia en su contra, más allá de declaraciones de ujieres que —según dijo— buscan beneficios procesales.

La causa forma parte de un esquema más amplio que investiga presuntas irregularidades en la gestión de cobros judiciales mediante pagarés, un sistema que habría afectado a numerosos ciudadanos a través de embargos y descuentos indebidos.

fuente: UH