La detención de la empresaria Dalia Angélica López Troche, ocurrida el 2 de abril de 2026 (Jueves Santo), representa el avance más significativo en seis años dentro de la investigación del mayor esquema de falsificación de documentos públicos paraguayos desmantelado en la historia reciente del país. Conocido como el “caso pasaportes falsos”, esta organización criminal operaba de manera estructurada para producir y facilitar cédulas de identidad y pasaportes apócrifos a ciudadanos extranjeros, generando beneficios patrimoniales y “negocios jurídicos” ilícitos.

Según la Fiscalía, Dalia López era la presunta líder de esta red. La imputación en su contra por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal confirma su rol central: coordinar gestiones ante instituciones estatales para obtener radicación paraguaya y documentos falsificados. El esquema quedó al descubierto el 4 de marzo de 2020, cuando el exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto de Assis Moreira fueron detenidos en el aeropuerto Silvio Pettirossi al presentar pasaportes y cédulas paraguayas adulteradas. López había gestionado la visita de los hermanos para eventos benéficos a través de su fundación, y fue quien facilitó los documentos falsos.

Estructura y alcances del esquema criminal

La organización funcionaba con una división clara de roles: gestores, falsificadores y funcionarios públicos corruptos. La investigación inicial, iniciada tras la captura de Ronaldinho, identificó a alrededor de 11 a 15 personas procesadas, entre civiles y empleados estatales. Entre ellas figuraban Dalia López y el brasileño Wilmondes Sousa Lira (todavía prófugo) como figuras principales.

Las instituciones presuntamente implicadas fueron tres:

• Dirección General de Migraciones (principal nodo de adulteraciones y radicaciones irregulares).
• Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).
• Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.

En 2023 y 2024, la Justicia condenó a al menos siete involucrados (funcionarios y particulares) con penas de entre 1 y 5 años de prisión por producción de documentos falsos. Sin embargo, varios fueron absueltos del cargo de asociación criminal, lo que permitió que el núcleo duro de la red permaneciera parcialmente operativo hasta ahora.

El modus operandi consistía en adulterar datos biográficos en documentos públicos auténticos para luego insertarlos en trámites de radicación y emisión de pasaportes. El objetivo era obtener beneficios económicos por cada “paquete” de documentos entregado a extranjeros, principalmente brasileños, según la acusación fiscal.

Avances recientes de la investigación

La captura de Dalia López en una lujosa residencia del barrio Herrera (o San Cristóbal) de Asunción marca un punto de inflexión. El operativo, realizado por el Departamento Contra el Tráfico de Armas y el Departamento Contra el Crimen Organizado, se activó tras inteligencia cruzada y no encontró resistencia. Durante el allanamiento se incautaron más de 200.000 dólares en efectivo, teléfonos celulares y abundantes medicamentos, lo que generó versiones sobre el estado de salud de la imputada.

El juez penal de Garantías Raúl Florentín dictó prisión preventiva contra López, rechazando su pedido de arresto domiciliario y una fianza de un millón de dólares. La empresaria fue trasladada al Complejo Penitenciario de Mujeres de Emboscada mientras el fiscal Federico Leguizamón avanza en nuevas diligencias. Entre los demorados en el operativo también se encuentra su pareja, Luis Alberto Gauto Cano.

Con la detención de quien era considerada la prófuga número uno del país, la Fiscalía busca ahora reconstruir el alcance completo de la red, determinar posibles ramificaciones en otros delitos (como lavado de dinero vinculado a su fundación) y ubicar a los restantes prófugos. Seis años después de la detención de Ronaldinho, el “esquema” sigue desmoronándose, demostrando que la Justicia paraguaya continúa persiguiendo a los responsables de uno de los mayores escándalos de corrupción documental que involucró a una figura internacional.

La empresaria, de 55 años, enfrentará su proceso en libertad restringida solo si la defensa logra revertir la medida cautelar. Por ahora, su captura abre una nueva etapa que podría revelar la verdadera magnitud de una organización que vulneró la soberanía documental del Estado durante años.