Un abogado local presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Ambiental por la contaminación masiva del cauce hídrico y el presunto colapso de una estación de bombeo cloacal en el sector de San Pedro.

Una grave situación de emergencia ambiental y sanitaria afecta a los vecinos del noreste de la etapa III del barrio San Pedro Vivienda y la zona de la olería en Encarnación. Ante el visible deterioro del ecosistema local, el abogado Edgar Alfredo Paredes Aca formalizó esta mañana una denuncia penal por posible daño ecológico grave y omisión de protección legal ante la Unidad Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público.

La acción judicial va dirigida contra personas innominadas y contra las autoridades de las instituciones responsables del mantenimiento hídrico y ambiental de la zona, por la supuesta comisión de hechos punibles contra los recursos naturales y la vida humana.

Un «colapso ambiental» a la vista de todos

El documento presentado detalla un «estado anormal y posible colapso ambiental» en el cauce y embalse del Arroyo Tacuary. Según la denuncia, el foco principal de la contaminación proviene de una estación de bombeo local que se encuentra —presuntamente— sin energía eléctrica.

A escasos metros de este lugar, los desechos cloacales se escurren directamente por la tapa del desagüe, vertiéndose sin ningún tipo de tratamiento al cauce del arroyo.

«El desagüe cloacal se escurre por la tapa y va directamente al cauce hídrico, con olores nauseabundos, a la vista de los transeúntes y vecinos de la zona», reza textualmente la denuncia, advirtiendo sobre el impacto directo al ecosistema y la afectación a la calidad de vida de las familias del sector.

A esta crítica situación se suma la proliferación descontrolada de camalotes y malezas debido al estancamiento, reduciendo el espejo de agua a niveles mínimos. El denunciante califica el panorama tras una inspección ocular en el lugar como «algo anormal, impactante y que entristece».

Negligencia y responsabilidades penales

El sustento jurídico de la denuncia apunta directamente a la negligencia y falta de interés de las instituciones públicasque por ley deben velar por el control periódico del medio ambiente. La presentación evoca artículos clave de la Constitución Nacional (Art. 7, 8, 106 y 128) que establecen la obligatoriedad del Estado de proteger la vida y recomponer el daño ambiental, recordando además que ningún funcionario público está exento de responsabilidad por omisión de sus funciones.

Asimismo, se citan los artículos 197 y 200 del Código Penal (Ley 1160/97), los cuales sancionan el ensuciamiento, alteración de las aguas y el procesamiento ilícito de desechos con penas privativas de libertad de hasta 10 años de cárcel cuando la contaminación se vincula a actividades comerciales o industriales.

Pedido de medidas urgentes

La denuncia solicita la intervención inmediata del Agente Fiscal de turno para frenar lo que se considera un atentado ecológico. Entre las medidas y diligencias de urgencia requeridas se encuentran:

• Suspensión preventiva de cualquier vertido sospechoso en el cauce del arroyo (bajo el amparo del Decreto 453/13).
• Análisis laboratoriales de urgencia para medir el nivel de contaminación del agua.
• Pedidos de informe al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) para verificar si existen dictámenes previos o planes de gestión ambiental vigentes en la zona.
• Identificación e imputación de los responsables directos o de las empresas e instituciones encargadas del mantenimiento de la estación de bombeo averiada.

La comunidad civil y los vecinos afectados esperan una respuesta rápida de la Fiscalía Ambiental y del MADES antes de que el daño en el Arroyo Tacuary se vuelva completamente irreversible.