El Contralor General de la República, Camilo Benítez Aldana, se refirió esta mañana a la prolongada demora en la revisión del controvertido contrato de compra de combustible suscrito entre Petróleos Paraguayos (Petropar) y la empresa catarí Doha Holding Group LLC. En declaraciones a medios locales, calificó la situación como “compleja” y urgió a la empresa estatal a adoptar medidas firmes para proteger los intereses públicos.

El contrato, adjudicado por más de US$ 61 millones, contempla la entrega de gasoil a un precio supuestamente inferior al del mercado, lo que generó expectativas de un posible impacto positivo en el costo del combustible en Paraguay. Sin embargo, tras más de un año y medio desde su firma, la empresa no ha cumplido con la entrega del producto, pese a haber recibido diez prórrogas sucesivas. La más reciente extiende el plazo hasta el 30 de abril.

Benítez explicó que la Contraloría aún no ha concluido su análisis documental —iniciado hace más de un año— debido a las particularidades del caso. Destacó que el Estado paraguayo no ha realizado ningún desembolso en el marco del acuerdo, lo que limita el alcance tradicional de su control fiscal.

“El Estado paraguayo no hizo erogación para esto, no gastó nada. Entonces fácilmente podríamos decir qué es lo que la Contraloría va a controlar, porque no hubo gasto del Estado paraguayo”, señaló el contralor.

A pesar de ello, Benítez enfatizó la necesidad de resguardar los intereses estatales ante un eventual incumplimiento definitivo. Recomendó que Petropar establezca de inmediato un plazo definitivo e improrrogable para la entrega del combustible. Además, insistió en que la garantía de la multa por incumplimiento —fijada en US$ 3,5 millones— debe estar respaldada por una póliza de seguro y no solo por una declaración jurada.

“Petropar tiene que asegurarse de dos cosas. Primero, de que la multa en el caso de que se rescinda el contrato esté garantizada con una póliza y no con una declaración jurada nada más”, explicó. Agregó: “Creemos que se debe recomendar ya un plazo definitivo e improrrogable. Es decir, ¿cuánto tiempo más se le va a dar a la empresa catarí?”.

En caso de no cumplirse ese plazo final, el contralor fue categórico: el Estado debería proceder a ejecutar la penalidad contractual. “Poner un plazo y que, si no se cumple ese plazo, el Estado cobre los 3.500.000 dólares que la empresa se comprometió a pagar”, sentenció.

La empresa Doha Holding Group LLC está vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Las reiteradas extensiones otorgadas por Petropar —presidida por Eddie Jara— han generado críticas por parte de sectores políticos y de la opinión pública, que ven en el caso un posible favoritismo o falta de rigor en la gestión contractual.

El contralor también aludió a las informaciones periodísticas sobre el precio competitivo ofrecido por la firma catarí, sugiriendo que podría explicar la persistencia en mantener el contrato abierto pese a los retrasos acumulados. No obstante, reiteró que la prioridad debe ser blindar al Estado frente a un incumplimiento prolongado.

La Contraloría prepara una recomendación formal en este sentido, mientras Petropar mantiene el contrato vigente con la última prórroga concedida. El caso continúa bajo escrutinio, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia y eficiencia en la adquisición de combustibles por parte de la petrolera estatal.

Fuente: ABC