La Contraloría General de la República (CGR) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra Eddie Jara, expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), por presuntas irregularidades detectadas en sus declaraciones juradas de bienes y rentas (DJBR). El anuncio se realizó este viernes 13 de marzo de 2026, según confirmaron fuentes oficiales de la institución contralora.

El documento con los detalles del caso ya se encuentra en manos del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, aunque su contenido completo no ha sido hecho público hasta el momento. La denuncia surge tras un exhaustivo análisis de correspondencia patrimonial que reveló múltiples inconsistencias en la situación financiera declarada por Jara.

Renuncia precipitada de Eddie Jara

Eddie Ramón Jara Rojas presentó su renuncia al cargo de presidente de Petropar el martes 10 de marzo de 2026, apenas días antes de que se formalizara la denuncia. Fuentes cercanas al caso indican que la dimisión ocurrió luego de que Jara fuera informado de la inminente presentación de la denuncia por parte de la Contraloría. Ese mismo día, el presidente de la República, Santiago Peña, designó a William Wilka como su reemplazante en la estatal petrolera.

La gestión de Jara al frente de Petropar ya había sido cuestionada previamente por diversos escándalos, incluyendo contratos millonarios fallidos en el sector de combustibles, adjudicaciones a empresas con dudosa trayectoria y otras observaciones administrativas. Sin embargo, el foco actual se centra en las anomalías patrimoniales detectadas por el ente de control.

Principales irregularidades detectadas por la Contraloría

El informe de la CGR, basado en el análisis de las declaraciones juradas presentadas por Jara (incluyendo la del 3 de septiembre de 2023), identificó al menos seis observaciones graves. Entre las más destacadas se encuentran:

• Viáticos sin respaldo migratorio: Petropar otorgó a Jara pagos por más de G. 103 millones en concepto de viáticos para supuestos viajes oficiales al exterior entre 2016 y 2024. Los destinos incluían Bolivia, Uruguay, Argentina, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Sin embargo, no existen registros de salidas ni ingresos al país que justifiquen estos desembolsos, según resoluciones firmadas en ese período.
• Depósitos en efectivo millonarios: Se detectaron ingresos en efectivo por un total de G. 1.001 millones en cuentas de Jara en los bancos Itaú y Basa. Estos montos no guardan relación con sus salarios, viáticos u otros ingresos declarados ante la administración tributaria.
• Transferencias desde cuentas de Petropar: La estatal realizó transferencias mensuales recurrentes desde su cuenta en el Banco Itaú hacia la cuenta personal de Jara en el Banco Basa, por un total acumulado de G. 496 millones. Entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, se acreditaron depósitos de G. 20 millones de manera mensual, además de una operación excepcional por G. 36,7 millones.
• Movimientos financieros de alto valor sin justificación: El análisis reveló operaciones puntuales en la cuenta de Jara en el Banco Itaú por montos como G. 890 millones, G. 433 millones y G. 600 millones, realizadas en plazos breves y sin documentación que explique su origen o destino patrimonial.
• Discrepancias en ingresos y gastos: Los gastos declarados y observados superan ampliamente los ingresos reportados por Jara en sus declaraciones juradas, generando una clara inconsistencia patrimonial.
• Declaración de efectivo y cuentas a cobrar: En la DJBR del 3 de septiembre de 2023, Jara declaró G. 250 millones en efectivo y G. 3.500 millones en “cuentas a cobrar” por préstamos otorgados a terceros, cifras que también fueron puestas en duda por la Contraloría en relación con su capacidad económica real.

Contexto y repercusiones

La denuncia penal representa un paso significativo en el escrutinio sobre la gestión de Jara, quien ya había respondido públicamente a las observaciones iniciales de la Contraloría en diciembre de 2025, negando irregularidades y asegurando que proporcionaría documentación adicional. No obstante, el ente contralor avanzó con el proceso y elevó el caso al Ministerio Público por posibles delitos contra el patrimonio público, enriquecimiento ilícito o administración en provecho propio, entre otros.

La investigación fiscal ahora determinará si las irregularidades configuran delitos penales y si proceden medidas como imputación, allanamientos o pedidos de medidas cautelares. Mientras tanto, la designación de un nuevo titular en Petropar busca estabilizar la institución en medio de la controversia.

Este caso resalta la importancia del control patrimonial de los funcionarios públicos y podría tener implicancias políticas, dada la sensibilidad del sector petrolero estatal en Paraguay. La opinión pública y diversos sectores políticos esperan avances rápidos en la pesquisa para esclarecer los hechos.