El paso fronterizo entre Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay), uno de los más transitados de la región mesopotámica, vuelve a ser escenario de controversias que involucran a personal de la Aduana y de fuerzas de seguridad. En las últimas horas, dos hechos separados pero coincidentes en el tiempo han puesto el foco en presuntas irregularidades y corrupción en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz.

El caso del cachorro Pomerania: de la incautación irregular a la casa de una funcionaria

En la noche del 11 de marzo de 2026, alrededor de las 22 horas, una pareja de nacionalidad paraguaya intentó ingresar a Argentina por el puente con un cachorro de raza Pomerania, de pocos días de vida. El animal carecía de la documentación sanitaria obligatoria y de la intervención del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), requisito indispensable para el ingreso de mascotas al país.

Inicialmente, el personal aduanero indicó a los viajeros que debían retornar a Paraguay con el cachorro, en cumplimiento de la normativa vigente. Sin embargo, la jefa de turno intervino y dispuso el secuestro del animal por «razones administrativas». A pesar del desacuerdo expresado por los dueños, estos entregaron al cachorro.

Al día siguiente, la pareja se presentó en las oficinas de la Aduana de Posadas para formalizar una queja. Esto desencadenó una investigación interna que reveló una grave irregularidad: el cachorro fue localizado en el domicilio particular de la funcionaria involucrada.

Como resultado inmediato:

• El animal fue restituido a sus propietarios.
• La Aduana emitió disculpas oficiales.
• La jefa de turno fue removida de su cargo y apartada de sus funciones.
• Se iniciaron actuaciones disciplinarias en su contra.
• Gendarmería Nacional impulsó una denuncia penal para que la Justicia investigue el hecho.

El caso, que generó indignación por el aparente abuso de autoridad y el destino personal dado al animal secuestrado, pone en evidencia fallas en los procedimientos y controles internos en un punto fronterizo sensible.

Allanamientos por presuntas coimas: intervención en la Aduana y secuestros

En paralelo, y también en el contexto del mismo paso fronterizo, la Justicia Federal ordenó una serie de allanamientos simultáneos en Posadas, dirigidos a efectivos de Gendarmería Nacional, personal de la Aduana (incluyendo agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero – ARCA) y presuntos operadores de contrabando.

La investigación, a cargo de la jueza María Verónica Skanata, apunta a un posible esquema organizado de coimas a cambio de permitir el ingreso irregular de mercaderías por el puente. Los operativos alcanzaron más de 20 gendarmes, al menos cuatro trabajadores aduaneros y otros implicados.

Entre lo secuestrado se encuentran:

• Teléfonos celulares, computadoras portátiles y dispositivos de almacenamiento.
• Tarjetas bancarias y equipos de videovigilancia.
• Sumatorias en pesos, dólares y reales.
• Mercadería de origen extranjero, incluyendo cigarrillos.

Los elementos serán peritados para reconstruir comunicaciones y vínculos en la causa, que se encuadra en el delito de cohecho pasivo (artículo 256 del Código Penal), con penas de prisión e inhabilitación para funcionarios públicos.

Como medida preventiva, la Aduana de Posadas fue intervenida temporalmente: se desplazó personal y se enviaron agentes desde Rosario para garantizar la continuidad de los controles sin afectar el tránsito habitual de mercaderías.

Hasta el momento no se reportan detenciones, y la pesquisa continúa en etapa de instrucción.

Contexto de vulnerabilidades en la frontera

Estos episodios se suman a antecedentes de corrupción en el puente Posadas-Encarnación, un corredor clave para el comercio binacional pero también históricamente expuesto a maniobras ilícitas. La combinación de un abuso de poder individual (el caso del cachorro) y una presunta red organizada de sobornos resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno, transparencia y supervisión en organismos de seguridad y aduanas.

Mientras avanzan las investigaciones administrativas y judiciales, las autoridades buscan restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que el paso fronterizo opere con estricto apego a la ley.

fuente: Misiones Online